Columna En la Mira / Héctor Estrada... La mano verde detrás de la crisis en la UNICH

La huelga de más de 20 días desatada al interior de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) ha alcanzado niveles de tensión bastante complejos. Y es que, la serie de presuntos abusos cometidos en contra de la plantilla docente y administrativa ha desatado la ira desesperada de decenas de trabajadores que aseguran padecer la peor ola de represión y abusos cometidos por el gobierno de Manuel Velasco Coello al interior de esa universidad.

Los señalamientos recientes hechos por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas apuntan de manera directa a Karen Anahí Ballinas Hernández, enlace asignado por el gobierno de Manuel Velasco a esa institución, como responsable de la destitución arbitraria de la plantilla laboral para dar paso a la contratación de nuevo personal vinculado y recomendado por el gobierno estatal y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas.

El golpe al contrato colectivo de trabajo se concretó el pasado 16 de enero cuando de manera arbitraria y sin advertencia alguna la rectoría, a cargo de Bayardo Eduardo Molina Hernández, en complicidad con Karen Ballinas, dieron de alta a una nueva plantilla académica plagada de nombres vinculados a favores políticos. De la noche a la mañana se desplazó a miembros del cuerpo docente, muchos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, que llevaban años laborando ahí.

El movimiento responde a una estricta estrategia político-electoral. El objetivo es sencillo: desarticular al sindicato opositor a la rectoría actual y utilizar los espacios vacantes para negociar favores políticos con miras a los comicios del mes de julio. Pero ¿Quién es Karen Ballinas Hernández y cuál es poder que ostenta para darse el lujo de arremeter contra el contrato colectivo de todo un cuerpo académico universitario?

Karen Ballinas no es un personaje nuevo en eso de los escándalos de la política local. Apenas en mayo de 2017 fue denunciada ante la entonces Procuraduría General del Justicia del Estado de Chiapas por encabezar un presunto proceso de desalojo ilegal y violento contra la familia Ruiz Hernández del municipio de San Juan Chamula; así como el Procedimiento Administrativo Número 0045/DRP/2015 por incurrir en responsabilidad administrativa al haber omitido presentar su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión de Encargo.

Entre las anomalías que se le imputan junto a la Rectoría destacan: la adquisición del Sistema ORION (académico y administrativo) por el que se pagaron casi setecientos mil pesos con recursos PROFOCIE y sigue sin funcionar. Además de la contratación para la actualización de la legislación universitaria por la cantidad de un millón de pesos con recursos PROFOCIE a la que sólo se agregaron puntos y comas, por lo que sigue obsoleta.

De igual forma, la eliminación de plazas aprobadas por Secretaría de Hacienda Chiapas según organigrama institucional. La omisión del funcionamiento del Comité de Fideicomiso Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) para que el se asignaron siete millones de pesos. Sin embargo, pese a las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 2015, en ejercicios de 2017 se repitieron las mismas arbitrariedades.

A lo anterior se suma la desviación del Programa de Expansión a la Oferta de Educación Superior (PROEXOES) 2015 por un monto de diez millones quinientos noventa y seis mil pesos y en 2016 por seis millones setecientos treinta y tres mil pesos, para terminar obras. No obstante, los recursos se usaron para gastos que incluyen garrafones de agua (que no se surten en ninguna oficina), papelería (que no se distribuye) y mantenimiento de vehículos sin especificar número de placas; entre otros señalamientos.

¿Pero qué le podría brindar tanta impunidad? La respuesta podría estar muy cerca del gobernador chiapaneco. A Ballinas Hernández se le ha ligado sentimentalmente con el secretario particular y uno de los hombres de mayor confianza de Manuel Velasco, Ramón Guzmán Leyva. Los afectados por los abusos de Karen Ballinas han apuntado reiteradamente ese nexo como su principal línea de acción y garantía de impunidad. Por eso la desesperación y la furia que hoy invade el recinto universitario.

Al cuerpo docente no sólo se le ha relevado, sino también amenazado con procedimientos legales, en caso de mantener las acciones de resistencia. No se trata de un conflicto sencillo. Es a todas luces uno de los mayores ejemplos de represión y abuso gubernamental contra una universidad pública en Chiapas. No de debe perder de vista lo que sucede ahí, ni dejar solos a un cuerpo académico que hoy pide a gritos la atención social para revertir semejante arbitrariedad… así las cosas.