En la Mira / Héctor Estrada... La lucha jurídica por los nómadas del siglo XXI en Chiapas

Una nueva sentencia judicial se ha sumado a la larga lista de recomendaciones y exhortos de organismos no jurisdiccionales en tornos a las familias desplazadas de Chiapas, pero la posibilidad de un pronto retorno a casa aún luce bastante lejana. Esta vez ha sido la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez a favor de 16 personas desplazadas del paraje Shulvó, municipio de Zinacantán, lo que parece brindar un nuevo aliciente dentro de la compleja lucha.

El trabajo realizado por los defensores Diego Cadenas Gordillo y Yazmín Pinto Ruiz, del Centro de Derechos Humanos Ku´Untik, ha sido crucial en la visibilización y atención a la problemática. Y es que no se trata de un asunto menor. Durante la última década los conflictos postelectorales han dejado una ola de muerte y expulsiones masivas de familias en municipios como Chenalhó, Zinacantan, Aldama y Chalchihuitán, entre otros.

La irrupción del “gobierno verde” para apoderarse de los bastiones electorales a costa de lo que sea fue abono fértil para la creación y fortalecimiento de nuevos grupos armados que hasta hoy siguen imponiendo su voluntad. A punta de pistola, balas y enfrentamientos violentos decenas de familias indígenas han tenido que dejar sus viviendas, refugiarse en las montañas o desplazarse a las zonas urbanas para solicitar protección y ayuda.

Se trata de un tema que ha rebasado por completo a las autoridades por la cantidad de “focos rojos” heredados. De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), tan sólo durante el año pasado (2018) un total de cinco mil personas se sumaron a las cifras de desplazamientos forzados en Chiapas.

Apenas el pasado mes de junio la historia de 66 niños tsotsiles desplazados por la violencia paramilitar atrajo la atención de medios nacionales. Los hechos ocurrieron cuando seis hombres armados entraron en una camioneta a la comunidad San Pedro Hidalgo y perpetraron el primer ataque del día que dejó una persona herida y pánico entre la población, mayoritariamente integrada por niños y madres.

En su última visita a Chiapas, Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), reconoció que los indígenas son actualmente el sector que más padece el desplazamiento forzado en México. Precisó que, en la década reciente el gobierno mexicano ha sido omiso ante este fenómeno derivado de la violencia que afecta a cientos de miles de personas.

Por eso es de suma importancia el trabajo que se realiza desde organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Ku´Untik. La sentencia histórica, que por primera vez define la postura de un juez federal respecto al desplazamiento forzado en Chiapas, no sólo reconoce el derecho de las familias de Zinacantán a la asistencia humanitaria por parte del gobierno, sino también abre nuevas puertas para exigir al Estado que ejerza una obligación constitucional de solución al conflicto.

Las cifras hablan de una realidad que ha querido ser ignorada o, por lo menos, minimizada durante los últimos años. Es un dato duro que deja ver los niveles de violencia a la que hoy se enfrentan miles de familias chiapanecas de las zonas indígenas. Los desplazados de Chiapas, nómadas del siglo XXI, requieren de medidas especiales para atender su situación, pero, sobre todo, de compromiso real y menos simulación para devolver la gobernabilidad a sus lugares de origen y así poder regresar a casa… así las cosas.