El conflicto que hoy se teje entre integrantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL) y comunidades afines a la organización ambientalista Natura y Ecosistemas Mexicanos, a cargo de Julia Carabias Lillo, mantiene tensa la situación al interior de uno de los principales ecosistemas de país, cuyo destino luce bastante incierto.
La guerra de acusaciones y señalamientos entre ambos frentes ha generado una creciente confusión sobre los intereses de fondo. Así, mientras Carabias y las comunidades que la respaldan aseguran intenciones agrarias de fondo que buscan su expulsión de la zona para facilitar la devastación del área protegida, los BCZL han sido determinantes en la denuncias contra Natura debido a intereses económicos de fondo que involucrarían a grandes empresas como el Grupo Salinas.
Durante los meses de octubre y noviembre del año pasado diversos medios de comunicación nacionales, entre los que destaca TV Azteca, dieron a conocer el presunto incremento de enfrentamientos entre comunidades “irregulares” dentro y en las inmediaciones de la Selva. El origen, según la información difundida, se trataba de supuestos conflictos agrarios para apoderarse de tierras, cambiarles el uso de suelo e iniciar su aprovechamiento.
A decir de la organización Natura y la comunidades afines, la intención de los grupos opositores a Carabias, apoyados por líderes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, era generar presión para expulsar a la ambientalista y poder ingresar a la zona protegida de Montes Azules para finalmente continuar su expansión, amenazando la conservación de la reserva, con fines de explotación.
“Si hay buena voluntad, hay entendimiento. Pero cuando en esto viene por debajo todo un negocio de tierra, invasión, expropiación e indemnización, estamos hablando de muchos miles de millones constantemente y esa es la historia de esta región. Aquí se ha repartido dinero de una manera impresionante. Entonces, cuando decimos: ‘¡En Montes Azules no!’, estorbamos y viene todo el ataque”, señaló Julia Carabias en su más reciente entrevista a la Revista Proceso.
Pero los BCZL tienen una versión completamente distinta. Las comunidades de lacandones, choles y tzeltales integradas a los Bienes Comunales aseguran que de fondo hay intenciones oscuras para generar mediáticamente una percepción equivocada de la situación y provocar confrontaciones entre las comunidades que, según ellos, desde 2008 mantienen un acuerdo de paz que se ha prolongado hasta la fecha.
En su última entrevista ante medios de comunicación, los miembro de los BCZL desmintieron a Carabias, asegurando que es falso que ellos estén talando la Selva, o que estén planeando monocultivos o zonas para ganadería extensiva. “Es falso. En estos 11 años no se ha dado enfrentamiento entre los pueblos que vivimos al interior ni con los pueblos vecinos. Nosotros queremos la conservación. Quien quiera puede ir a observar”, aseveró recientemente el líder lacandón Pepe Chambor Yuk.
Y es que, la presencia del ex presidente de Fundación Azteca y actual secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma, en la reunión del pasado 11 de noviembre con los frentes en discordia parece haber sido “la gota que derramó el vaso” sobre las sospechas que apuntan a la injerencia de Grupo Salinas sobre el tema; por lo que la solicitud de expulsión contra Julia Carabias se mantiene como petición central de las negociaciones.
Lo cierto es que la situación no parece tener una ruta de salida inmediata. Las posturas y acusaciones encontradas entre ambos frentes sólo generan confusión, y exigen la intervención imparcial del gobierno federal para esclarecer lo que en verdad sucede. Mientras tanto el presente y futuro de la Selva Lacandona se mantiene en la incertidumbre, a merced de saqueadores que se benefician de los conflictos internos y las convenientes distracciones que generan… así las cosas.
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