Filo y Sofía / Mary Jose Díaz Flores... Alcaldes deben contribuir con la seguridad

Las zonas turísticas de Chiapas son el blanco perfecto para las bandas de asaltantes que operan con total impunidad y que en la mayoría de los casos son identificados por los propios alcaldes de que deberían proporcionar información seria y precisa a la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana o a la Fiscalía General del Estado, sobre los grupos que se dedican a delinquir y que dañan la imagen de la entidad, asustando a los visitantes nacionales o extranjeros que temen ser atracados durante su estancia en lugares turísticos de nuestro estado.

Desafortunadamente los presidentes municipales participan en las mesas de seguridad que tienen la mejor intención de combatir los problemas de los que se quejan los ciudadanos como asaltos, robos a casa habitación y robos de vehículos, pero omiten informar que tienen identificadas a las personas que son cabecillas de acciones de inseguridad, sobre todo porque pertenecen en algunos casos a su grupo político, les aportaron dinero en las campañas políticas o porque simple y sencillamente les da miedo señalarlos. Aunado a ello, permiten que se establezcan topes en lugares que se sabe son peligrosos y usados por los asaltantes.

Las instituciones de justicia deberían presionar a los presidentes municipales para que denuncien o bien enjuiciarlos por omisión, sobre todo, en los lugares donde los índices delictivos van a la alza,  a fin de que señalen a los delincuentes, y es que aunado a todo lo anterior resulta que existe una policía municipal incompetente y que no actúa porque o están coludidos con los delincuentes o bien tienen temor por que pertenecen al mismo municipio.

En fin, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca realiza recorridos por todos los municipios de la entidad, sobre todo en los que se denuncia una alta incidencia delictiva como la zona de Ocosingo, a donde recientemente anunció que se instalarán más cámaras de vigilancia luego de visitar las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4-i) lo anterior con la finalidad de mejorar el sistema de inteligencia y atender oportunamente las denuncias de conductas antisociales que afectan el turismo  que evita visitar estas zonas.

Y es que la seguridad es una demanda de todos los sectores de la sociedad chiapaneca, por eso se ha convertido en la prioridad del titular del Ejecutivo del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, que confía en las estrategias de la FGE y SSyPC, que –insisto- deben presionar a los alcaldes para tener mayor respuesta en las acciones que se ejercen y que tienen la finalidad de prevenir el delito, pues insisto en que hay alcaldes mañosos que no están cumpliendo con su deber, por lo que, al menos se debería ponerles metas y llamarlos a comparecer a fin de que expliquen  de manera transparente y oportuna por qué no cumplen con las estrategias de seguridad que se imponen para bajar los índices delincuenciales y así evidenciar su incapacidad o complicidad en el tema.

Con Filo

Bajo criterios de austeridad IEPC de Chiapas, aprobó el Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual con base a lo aprobado por el Congreso del estado correspondiente a 264 millones 903 mil 821.78 pesos, de los cuales 153 millones 853 mil 670.81 pesos, serán destinados a los partidos políticos; 94 millones 385 mil 014.05 pesos, a los proyectos institucionales ordinarios y 16 millones 665 mil 136.92 pesos, a  los  proyectos institucionales vinculados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Aunque Osvaldo Chacón, dejó claro que la confianza y seguridad de los ciudadanos en los procesos electorales no es barato y por ello, solicitarán una aplicación presupuestal y en este sentido fue secundado por la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, que coincidieron en que los recortes presupuestales  no abonan al principio de certeza ni garantizan la imparcialidad e independencia del IEPC. En fin, después de las posturas dieron a conocer que para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pedirán una ampliación por 39 millones 888 mil 585.46 pesos…///El pasado jueves 16 de enero de este año fue detenido Mariano Reyero Molina, quien se desempeña como delegado de Hacienda del Estado en Tapachula, supuestamente fue acusado de maltrato en contra de su esposa, cuyo nombre omitimos en este texto, sin embargo  al parecer, no es la primera vez que el funcionario es acusado de violencia física, pero ha sido disculpado en su conducta violenta por sus relaciones políticas, las cuales presume a los cuatro vientos, sin embargo muy mal hacen en protegerlo ya que a todas luces se conduce totalmente en contra de las políticas públicas que el gobierno de Chiapas impulsa y que van relacionadas a proteger a las mujeres, por lo que es necesario que todos los funcionarios de las dependencias que incurran en acciones relacionadas con violencia familiar, reciban las mismas sanciones que un particular para dar el ejemplo desde las instituciones de que no se permitirá el abuso de poder  para violentar a las mujeres. De paso este funcionario es acusado de corrupción ya que presuntamente a los trabajadores les pasa la charola y les permite realizar actividades irregulares siempre que le paguen una cuota de dos mil pesos diarios. Esperemos que se actúe en consecuencia y que quienes le han permitido su libertad en diversas ocasiones no lo lamenten a la postre.

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