La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México es un problema más común de lo que parece, que en la mayoría de los casos queda en el miedo y el silencio. Se esconde en la vulnerabilidad de sus víctimas, permanece en el anonimato durante años y los pocos casos denunciados terminan enfrentados a un serie de deficiencias en la impartición de justicia que, muchas veces, dejan a los victimarios en libertad.
Lo sucedido recientemente a la niña Fátima, secuestrada, violentada y asesinada en la Ciudad de México -hace sólo una semana-, se ha convertido en el caso más escalofriante de los últimos años. Se trata de una sola muestra de la violencia a la que cientos de niños, niñas y adolescentes en México, cuyos casos no llegan a los medios de comunicación, se enfrentan todos los días.
Se trata de un delito con una gran cifra negra en cuanto a denuncias y falta información oficial, por el temor de las víctimas a hablar, la vergüenza y el ocultamiento de casos a manos de los propios padres. Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.
La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos. De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, sólo 10 van a juicio; y de ahí, únicamente uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.
Un niño toma en promedio 20 años para poder hablar sobre la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos especialistas del tema. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los códigos penales de México permiten que este delito prescriba a los 5 o 10 años, permitiendo que el caso quede en la absoluta impunidad.
En 2015, 309 niños y adolescentes en México requirieron hospitalización tras haber sufrido una agresión sexual, reveló un estudio de la organización Early Institute. Es el propio hogar donde suceden casi seis de 10 agresiones, y cuatro de 10 son contra menores de 15 años.
En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresiones suelen provenir de: el padrastro, en 30% de los casos; los abuelos, en otro 30%; y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son generalmente los maestros el 30% de las veces, y sacerdotes en otro 30%.
Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, están diciendo la verdad en 93% de las ocasiones. Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de divorcio, la falta de veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se desestima la declaración de los menores de edad por considerar que mezclan fantasía.
En Chiapas las cosas no son distintas. Según datos de la Organización por la Superación de la Mujer, entre 2018 y 2020 la cantidad de casos atendidos sobre violencia sexual infantil presentó un incremento superior al 40 por ciento. Así, mientras en 2018 la cifra de abusos sexuales atendidos por la organización contabilizó 70 casos, para 2019 el número de casos fue de 111. Sin embargo, solamente el dos por ciento de los casos llegan a denuncia penal.
Se trata de un problema que transcurre entre el silencio y la impunidad; que requiere mayores estrategias gubernamentales para facilitar la denuncia de las víctimas, con todas las medidas de protección y atención psicológica para las personas violentadas y sus padres. Pero, sobre todo, de mayor compromiso de las autoridades para garantizar que los procesos judiciales terminen con los victimarios tras las rejas… así las cosas.
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