La diputada local Olga Luz Espinosa Morales, refirió que la legislatura de Chiapas, está retomando lo que se hizo en el Congreso de la Unión
La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, recientemente aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas en materia de violencia política contra las mujeres.
Con esto, se prohíbe la participación a un cargo de elección popular a aquellos funcionarios públicos que sean sorprendidos cometiendo violencia política en razón de género.
La diputada local Olga Luz Espinosa Morales, refirió que la legislatura de Chiapas, está retomando lo que se hizo en el Congreso de la Unión, homologando las leyes pertinentes que estarían entrando en funciones para la próxima jornada electoral.
“En el Congreso estamos trabajando para que esa violencia política en razón de género pueda estar en la ley, para la Ley de Desarrollo Constitucional que tienen las mujeres para vivir una vida libre de violencia, para que este en el Código de Elecciones, y para que este en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas”.
Por su parte, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Janette Ovando Reazola, destacó que uno de los requisitos que estipula la reforma aprobada, para la elegibilidad a puestos públicos, es no haber sido condenado por violencia política.
“Si ese requisito hubiera existido algunos de los que están electos, no hubieran podido ser, porque muchos son agresores. Ahora la violencia política es un delito”, dijo.
La militante del blanquiazul consideró que la reforma a la ley perseguirá los actos de violencia por aquellos que sean denunciados cometiendo este tipo de infracciones, mismos que a su parecer tienen que ser juzgados como delincuentes.
“Ahora es un delito federal dentro del catálogo de delitos federales electorales, quién comete violencia política en contra de las mujeres por razón de género es un delincuente, que está señalado en el catálogo”, declaró.
De igual manera, fue aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Esta Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre el Estado, los Municipios, y los sectores privado y social para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
El Estado y los Municipios que lo integran, expedirán o modificarán en su caso las normas legales y reglamentarias correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias, asimismo se tomarán las medidas presupuestales y administrativas pertinentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales vigentes en el país en materia de derechos humanos de las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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