En la Mira /Héctor Estrada... La sospechosa inmunidad de los rectores de la Estafa Maestra en Chiapas

Las investigaciones a la “Estafa Maestra” y sus públicas vinculaciones con al menos dos importantes universidades de Chiapas parecen haberse convertido en una cacería de “chivos expiatorios” que mantienen en evidente inmunidad a los rectores responsables de firmar y validar los documentos incriminatorios.

Apenas el pasado fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que solicitó la vinculación a proceso de dos ex directivos de la universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapá, secretario administrativo de la institución, quienes están involucrados en el desvío de 186 millones de pesos.

Los imputados fueron citados a comparecer ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, para declarar sobre su participación en el millonario desvió de recursos que tiene hoy a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, tras las rejas. Las investigaciones en la UPCH parecen haberse centrado en los exdirectores, dejando al rector, Navor Ballinas Morales, fuera de los reflectores judiciales.

Y es que, de acuerdo a la investigación hecha pública por el portal periodístico Animal Político en 2019 se vincula al menos a ocho universidades del país, la Politécnica de Chiapas estaría involucrada en el desvío de 400 millones de pesos mediante un sofisticado esquema de convenios, firmados y validados por el propio Navor Ballinas.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Universidad Politécnica de Chiapas habría recibido en 2015 un total de 400 millones de pesos, bajo los convenios número 710.33901.13/2015 y 710.33901.14/2015, con vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015 y del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015, respectivamente.

El dinero autorizado y entregado por la Federación estaba destinado a tareas de monitoreo a comedores comunitarios en el Estado de México que, en teoría, debían ser realizadas por miembros de la universidad. Sin embargo, de manera unilateral, la rectoría decidió realizar la contratación de prestadores de servicios externos a quienes pagó 278.4 millones de pesos, sin informar dichos procedimientos al consejo universitario.

Caso similar sucede con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) que actualmente es investigada debido a irregularidades por más de 60 millones 952 mil pesos que recibió y ejecutó durante la rectoría de Carlos Eugenio Ruiz Hernández. Se trata de recursos destinados para fines que, al igual que lo sucedido con la UP, tampoco han sido comprobados a cabalidad.

La evidente ausencia del aún rector Navor Ballinas Morales dentro de las investigaciones que inevitablemente lo involucran como responsable del presunto desvío de recursos y el silencio en torno a Carlos Eugenio Ruiz Hernández advierten de una clara y sospechosa protección para estos dos personajes, ligados estrechamente a los exgobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

La vinculación a proceso y posible detención de sus subalternos no es más que un acto de evidente corrupción y justicia selectiva que resulta inaceptable. Ballinas Morales y Ruiz Hernández deben ser llamados ante las autoridades ministeriales para comparecer, rendir cuentas y, de determinarse así, pagar con prisión sus arbitrariedades, en lugar de intentar pagar sus culpas con la fabricación de “chivos expiatorios”… así las cosas.