TUXTLA / En la cárcel municipal “La Popular” violan el Artículo 21 Constitucional

 

·       Cobran desde 900 hasta dos mil 500 pesos, indebidamente por falta administrativa.

 

 

A las arbitrariedades y diversas anomalías en contra de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se suma la violación del Artículo 21 Constitucional en la cárcel municipal “La Popular” en la capital chiapaneca.

  

Un joven cuyos datos se omiten por obvias razones, denunció ante este medio el atropello a su persona. Indicó que estaba platicando con un amigo en la calle de la colonia Paseos del Bosque, sentado, sin hacer nada malo, cuando se detuvo una patrulla de la Policía Municipal.   “Me subieron arrastrando y me pusieron el pie sobre el cuello”, dijo.

 

Además, narró, antes de llegar a la cárcel le quitaron el teléfono celular. Ya en la celda, no le permitieron hacer llamadas a su familia. Cuando por fin después de tanto buscarlo, sus parientes dieron con el joven detenido y preguntaron por el motivo de la detención, en la cárcel ubicada en la colonia Popular de Tuxtla Gutiérrez, los policías les argumentaron que fue por “posesión de droga”.

 

“¿Y si fue por eso por qué no lo han remitido a la autoridad competente? Contestó el familiar del joven detenido. A lo que el policía municipal añadió que deseaban “echarle la mano”. “Por ser un delito grave le va salir caro”, dijo el oficial, y añadió que  el familiar debería pagar dos mil 500 pesos para liberar a su hermano.

 

“MI carnal los mandó a la fregada. No les dio eso, pero sí pagó mil varos para sacarme. Así lo hacen siempre, muchos inocentes los llevan y les siembran pruebas para después bajarles su lana”, dijo enojado el denunciante.

 

Lo cierto es que casos como éstos abundan en la cárcel municipal “La Popular”. La cuota más baja para obtener la libertad por falta administrativa oscila de 900 a dos mil pesos. Eso es una flagrante violación del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

 

“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”.

 

Agrega: “Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese JORNALERO, OBRERO O TRABAJADOR, NO PODRÁ SER SANCIONADO CON MULTA MAYOR DEL IMPORTE DE SU JORNAL O SALARIO DE UN DÍA.

 

TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE SE IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA, NO EXCEDERÁ DEL EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO.

 

En el caso del denunciante no tenía trabajo. Es decir, la multa no debió exceder un día de salario mínimo. Y cuando trabajaba no ganaba más de 120 pesos. Sin embargo la multa fue ocho veces la cantidad permitida por ley. Además los oficiales incurren en maltrato, lo cual también está prohibido. No cuentan con servicio médico en el lugar.

 

Una detención arbitraria fue la ocurrida hace meses del periodista Bernardino Toscano, director del portal web “Mural Noticias”, detenido sin ninguna justificación por dos elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

El periodista narró que dos elementos de la patrulla PCC 138 lo detuvieron en la 13 Oriente, al momento en que  acompañaba a un familiar a tomar un taxi. En ese momento, los policías se bajaron y lo subieron a la unidad según por una llamada anónima por alteración del orden público de una persona alcoholizada.

Ante ello, Toscano comentó que no le fueron leídos sus derechos, además de que fue insultado y violentado por los elementos. El periodista asegura que los elementos iban en estado de ebriedad y le fueron sustraídos a él y su familiar poco más de mil 500 pesos.

Ante el fiscal de Periodistas de la Fiscalía General del Estado, el periodista explicó dicho suceso, en la cual fue esposado con violencia y trasladado al Centro Municipal de Detención “La Popular”, sin embargo, al no existir un médico legista quien acreditara su supuesto estado de ebriedad fue llevado a las instalaciones Fiscalía General del Estado.

El caso de Toscano fue difundido, no así los cientos de casos que quedan en el anonimato, como el cotidiano cobro indebido de la multa en “La Popular”, que infringe nuestra Carta Magna.