TUXTLA / Predio “secuestrado” no puede ser vendido

• Delia Sánchez necesita el dinero para curarse, pero nadie puede comprarle porque el camino a su predio está “privatizado” por Rúsbel Grajales Castro, Óscar Grajales y Marcelino Sánchez

Han transcurrido cinco años sin que autoridad alguna ponga en su lugar al dueño de un campo de tiro, que adueñándose de un camino público afecta a más de 40 familias del fraccionamiento El Tesoro, en El Jobo. En el rancho de Guadalupe, una pareja de ancianos desespera porque necesita vender su terreno, por falta de dinero, pero no pueden por el “secuestro” de que son objeto.

Hace dos años, en un noticiero Jesús Hernández Gutiérrez dio a conocer la problemática que enfrentan desde hace cinco años en el fraccionamiento El Tesoro, específicamente en el rancho de Guadalupe, colonia El Jobo, municipio de Tuxtla Gutiérrez. Jesús alzó la voz porque había comprado ya el terreno de Delia Sánchez, pero ante la situación prevaleciente desistió y exigió la devolución del dinero

Hoy, ante este medio, fue la misma Delia Sánchez quien elevó su voz. “Mi esposo y yo necesitamos dinero, quiero vender mi terreno y no puedo porque Rúsbel Grajales Castro, Óscar Grajales y Marcelino Sánchez le pusieron un portón y candado al camino y la llave lo tienen solo ellos. Lo han cambiado varias veces a propósito”, dice.

El camino cerrado (privatizado indebidamente) afecta a más de 40 familias del lugar, asegura la denunciante. “La calle es pública y no nos dejan entrar a nuestro terreno, no se vale”, dice.

Entre los habitantes, la pareja de ancianos necesita vender su terreno para comprar sus medicamentos y hacer sus estudios de laboratorio. De los dos Delia Sánchez Sánchez, la dueña del predio, es la más enferma. Los nietos e hijos los han apoyado con los gastos, con lo poco que tienen, pero los ancianitos enfermos ya no quieren dar molestia y han optado por vender su predio, peso esto no es posible por la anomalía reinante.

Rúsbel Grajales Castro, dice la denunciante, es dueño de un campo de tiro aledaño al rancho de Guadalupe, pero se adueñó del acceso que tiene más de 100 años de existir, colocó un portón, lo cerró con cadenas y candados.

Por ello las familias afectadas exigen la intervención de las autoridades del ramo, como el Ayuntamiento capitalino, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE).