La controversia generada por el inicio oficial en funciones de la plataforma Uber en Tuxtla Gutiérrez ha abierto el debate sobre la libre competencia que implica la participación de nuevas plataformas como Uber y el apabullante rechazo social ante el monopolio que aún mantienen los antiguos sistemas transportistas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez.
Chiapas es uno de los ejemplos más claros del grave daño provocado por el secuestro permanente de los denominados “pulpos del autotransporte” y sus cómplices en los gobiernos estatales. Se trata de esos cacicazgos perfectamente identificables que durante décadas han usado al transporte público como medio de presión e intercambio de favores políticos para seguir imponiendo sus condiciones.
Operando como delincuencia organizada de “cuello blanco”, los caciques del autotransporte se han engordado los bolsillos con cuotas de concesiones sexenales que esconden bajo redes de prestanombres, muchas veces llenas de cinismos. Amagan con advertencias escandalosas sobre paros periódicos que termina resolviéndose mediante acuerdos de conveniencia para los mismos de siempre.
Así han permanecido durante décadas, negociando incrementos o beneficios discrecionales donde el principal perdedor siempre ha sido el usuario. Porque, para ser honestos, las mejoras a las unidades y la calidad del servicio se han convertido en prácticas ausentes y promesas falsas, al menos en las últimas décadas. Todo pese a los incrementos y lo establecido por la propia ley del autotransporte en la entidad chiapaneca.
Plataformas como Uber, Cabify y Didi han desplazado a los viejos sistemas transportistas en las ciudades mexicanas. Con servicios menos costosos, modernos, eficientes y seguros han comenzado a apoderarse del mercado, obteniendo las mejores evaluaciones de aprobación y confiabilidad por parte de los usuarios. Se trata de un servicio privado (no concesionado) regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el pago de los respectivos impuestos, que ya ha dado buenos resultados en casi 50 ciudades del país.
El éxito de las nuevas plataformas en México ha sido potencializado por la misma indiferencia de los concesionarios para mejorar o modernizar sus servicios durante décadas. Se trata de la libre competencia, de poner al usuario como pieza central posibilitándolo a elegir lo que considere mejor y, con ello, impulsar una mejora integral de la oferta en todos los competidores.
Y es que, hay que decirlo con todas sus palabras. El sistema de concesiones reguladas por el Estado hace mucho que se corrompió y perdió su objetivo central. Fue creado hace décadas para regular y permitir la labor de trabajadores del volante que se dedicaban al servicio de transporte público, pero quedó convertido en un negocio de mafias, coludidas con funcionarios y gobiernos estatales, que terminaron sometiendo a los choferes como simples empleados de sus jugosos monopolios transportistas.
Por eso plataformas como Uber, Cabify y Didi se volvieron tan incómodas para las redes de corrupción, incrustadas en las mismas secretarías de transporte. Porque han devuelto, como servicios privados, regulados por la federación o las dependencias tributarias, a los trabajadores del volante la posibilidad de autoemplearse como su propio vehículo y generar sus propios ingresos sin tener que mendigar empleo o engordar los “bolsillos cómodos” de las grandes mafias.
Porque además ha quitado parte del control voraz que las dependencias reguladoras del transporte habían tenido durante años para condicionar permisos, negociar concesiones y aplicar cuotas “especiales” en lo oscurito. Porque es falso que la preocupación tenga que ver con la seguridad de los usuarios o la defensa de los taxistas asalariados, quienes de última instancia bien podrían sumarse a la plataforma para también aprovechar el nuevo modelo de negocio.
Los únicos que pierden en todo caso son las mafias transportistas y las autoridades corruptas a quienes el negocio se les está acabando. Los choferes, los verdaderos trabajadores del volante, tienen en sus manos una nueva posibilidad de trabajo propio sin someterse a concesiones condicionadas y los usuarios una nueva opción de servicio, donde la calidad y los precios justos sean las únicas medidas de competencia, sin importar que provengan de un buen taxista o un moderno operador de Uber… así las cosas.
Es cierto tan cierto que en la mejor medida de lo posible, hay que acabar, eliminar de raíz esas concesiones corruptas que solo danañan al pueblo de Tuxtla, yo como ciudadano exijo una mejor calidad de tranposte, digno eficaz con precios justos, no nos dejemos hay que alzar la voz y hagamos valer nuestros derechos
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