En la Mira/ Héctor Estrada Continúan las “complacencias” del gobierno de Tuxtla a Veolia

Además del pago de tres millones de pesos que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez debe hacer mensualmente a la empresa Veolia, antes conocida como Proactiva, el gobierno municipal pretende construir dentro del complejo, propiedad de la empresa, una nueva laguna de lixiviados con un costo para los tuxtlecos de al menos tres millones de pesos adicionales que, según las cláusulas del contrato deberían ser erogados por la propia empresa trasnacional.

El acuerdo discutido en la Sesión Ordinaria de Cabildo 09, realizada el pasado 14 de diciembre de 2021, dice de manera textual que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, dictaminaron procedente “autorizar el proyecto de construcción de laguna de lixiviado en el área del antiguo relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez con cargo al Programa de Inversión Municipal”.

El proyecto, sometido a votación la semana pasada dentro del cabildo tuxtleco, ha generado posturas encontradas. Y es que, según el contrato de prestación de servicios, debería ser la empresa quien asuma todos los costos de inversión e infraestructura necesaria para el tratamiento de los deshechos urbanos durante el periodo de dicho contrato, que inició en 2006 y concluye dentro de cinco años.

Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez otorga beneficios económicos adicionales a la controversial empresa. En noviembre de 2020 el ayuntamiento asignó de manera directa, es decir sin licitaciones, más de 39 millones de pesos en dos contratos adicionales a Veolia.

El primero de ellos fue otorgado en marzo de 2020 por 28 millones de pesos y el segundo autorizado el 10 de noviembre de ese mismo año por 11 millones más para la compra de contenedores. Lo irregular del procedimiento tuvo que ver con dos cosas en particular: Uno, que el contrato modificatorio establecía que la empresa tenía que hacerse responsable de la inversión; y dos, que pese a haber otras opciones de compra, incluso más baratas, los contratos se otorgaron sin concursos de licitación como lo establece la legislación vigente.

En ese entonces, para salir de la controversia, el pretexto argumentado por el gobierno municipal fue que se tenía una deuda importante con la empresa, heredada por administraciones pasadas, que no permitía a las autoridades municipales exigir mucho y las obligaba a tener ciernas medidas de negociación a fin de evitar la interrupción de los servicios de recolección, con sus inevitables consecuencias. En pocas palabras, el ayuntamiento de Tuxtla se asumió sometido por la concesionaria.

No obstante, para este año las condiciones son completamente distintas. Durante su último informe de gobierno, el propio Carlos Morales Vázquez dio a conocer que en septiembre pasado se liquidó el adeudo de 139.5 millones de pesos que el ayuntamiento tuxtleco mantenía con la Veolia y había sido el principal motivo de “jaloneos y amagues” entre la empresa y el gobierno municipal. El anuncio fue presentado como uno de los principales logros de su primer trienio.

Así, el motivo de “chantajes” emanados desde la empresa y excusas para justificar el criticado y sospechoso sometimiento del ayuntamiento había terminado. Además de los tres millones de pesos que el gobierno municipal debe pagar mensualmente por sus servicios, el ayuntamiento entregó en poco menos de tres años (de 2018 a 2020) 140 millones adicionales mediante pagos complementarios. Entonces, ¿por qué se mantienen ahora las condescendencias y los beneficios económicos para Veolia? ¿Por qué se sigue pagando con recursos públicos obras de mejora a sus instalaciones que debería ser responsabilidad de la empresa?

Si es verdad lo que ha asegurado el gobierno municipal sobre que los pagos con la empresa se han regularizado desde septiembre, después del proceso de restructuración concluido, no existe hoy justificación para que Veolia incumpla con sus obligaciones contractuales. La empresa ha significado un duro dolor de cabeza para los tuxtlecos, desde que “a la mala” fue beneficiada con una concesión de 20 años durante el gobierno de Sabines, por lo que los tiempos de sometimiento y complacencias deben llegar a su fin de una vez por todas… así las cosas.